Inició nueva terminal portuaria y gobierno aún no dice que hará con el canon

Aún no hay claridad sobre el uso de los recursos para el desarrollo de la provincia de Limón. 

 

El Consejo Nacional de Concesiones (CNC) dió la orden de inicio a la explotación del primer puesto de atraque y con ello llegó esta semana el primer buque a la nueva Terminal de Contenedores de Moín (TCM), correspondiente a la Fase 2ª, sin que  hasta hoy el Gobierno de la República haya revelado de qué forma administrará el canon que recibirá por la explotación de ese nuevo puesto.

El  arranque de operaciones la anunció Paola Benavides, Secretaria Técnica del CNC, quien agregó que la operación completa de la Fase 2A (que comprenderá un total de 40 hectáreas) está prevista para febrero de 2019.

Kenneth Waugh, director general de APM Terminals, manifestó que “el inicio de operaciones representa un cambio en los paradigmas logísticos del manejo de cargas marítimas y, por ende, un salto enorme hacia la mejora en la competitividad nacional”.

Según informó, en la operación trabajarán más de 300 colaboradores originarios  de Limón y en su fase de ampliación requerirá más de 600 personas. La terminal funcionará todos los días del año las 24 horas del día.

Precisó que “gracias a la Terminal de Contenedores de Moín, dejamos hoy de ser un puerto de barcos pequeños que requieren un trasbordo para llegar su destino final, a recibir barcos grandes que tienen conexión y travesía directa con el mercado”.

Con esta etapa se contará con 432 metros de muelle con una profundidad de calado de 14,50 metros, 6 grúas pórtico Super Postpanamax y una dársena de maniobras de 450 metros de diámetro. Se tendrá una capacidad para el manejo de más de 4.000 contenedores de carga refrigerada.

Waugh enfatizó en la necesidad de que el país y la región realicen un verdadero enfoque de desarrollo con los recursos que generará al país el nuevo desarrollo portuario.

Destino del canon es aún incierto.

La obra le fue concesionada para su explotación a la reconocida empresa holandesa APM Terminals.  Será un muelle para grandes barcos portacontenedores, por lo que al entrar en operación en el puerto administrado por JAPDEVA verá reducida en un 60% la manipulación de carga en el viejo puerto, lo que es sinónimo de reducción de ingresos.

Al reducirse dramáticamente los ingresos de JAPDEVA también se cerrará la llave de los recursos propios que la entidad entregaba para el desarrollo de los cantones de la provincia de Limón.

Ese aporte durante los últimos años, oscilaba entre los 3500 y 4500 millones de colones anuales. Sin embargo, de esas cifras el 70% se gastaba en salarios y el resto se distribuía en proyectos entre los seis cantones que forman la provincia de Limón.

De acuerdo con el contrato de la concesión, al cual tuvo acceso Caribeactual.com,  para salvar el enorme hueco que se abrirá en las finanzas de JAPDEVA existe una previsión según la cual la empresa extranjera deberá pagar a esa entidad un canon del 5% por la explotación. Por otra parte, se estableció  un plus ofrecido por la empresa del 2,5% para el desarrollo de la provincia; ambos conceptos calculados sobre los ingresos brutos que obtenga el concesionario.

Números preliminares señalan que esa suma total será de alrededor de los 20 millones de dólares solo en el primer año (unos 11 mil millones de colones), con proyección de crecimiento durante los siguientes años de la concesión.

Así sucederá durante los siguientes 30 años, que es el plazo del contrato con que cuenta la empresa holandesa para explotar la nueva terminal portuaria de Moín.

Sin embargo, despues de escuchar en una tibia comparecencia ante la Comisión de Diputados de la Provincia de Limón al Presidente Ejecutivo de JAPDEVA, Norman Villegas, sigue la incógnita sobre el destino que esa entidad le brindará a los recursos, cómo se controlará su gasto y la forma en que se garantizará que los fondos para el desarrollo de Limón efectivamente tengan ese destino.

Preocupación cantonal

Los alcaldes y concejos municipales de la provincia de Limón, que si bien aún no muestran  mayor fuerza en su organización sobre este tema, han expresado preocupación de que esos recursos sean utilizados para el pago de liquidaciones o gastos de planilla de la institución.

Hace algunos meses se había anunciado que esos fondos serían trasladados y administrados por un fideicomiso, lo que le brindaba independencia ante los compromisos con la planilla de la JAPDEVA.

La idea original buscaba financiar proyectos de impacto provincial, que generen empleos, mejores condiciones de competitividad y encadenamientos productivos, de modo que, una vez financiados, subsistan por ellos mismos.  El requisito previo para cada proyecto era contar con el aval del Ministerio de Planificación y Política Económica, MIDEPLAN.

Sin embargo, ese proyecto se desaceleró con el cambio de gobierno suscitado en mayo anterior.

Ante la falta de presion municipal, algunas fuerzas vivas  representadas por el movimiento comunal  manifestaron a Caribeactual.com la necesidad de reactivar la idea del fideicomiso, pero que en su administración se garantice la opinión y representación provincial. Lo anterior implicaría la fiscalización de la concesión y el respeto absoluto a la cláusula sobre el fondo destinado pael desarrollo de la provincia.

También exigen un trato igualitario por parte de MIDEPLAN, para que todos los cantones puedan tener el aval de proyectos en condiciones de igualdad y de forma proporcional a su población y extensión; es lamentable, dijeron, que sin darse el banderazo de salida, “ya se habla de algunos proyectos que no reflejan equilibrio regional”.