La Defensoría de los Habitantes pidió cuentas al Ministerio de Salud, la Caja Costarricense del Seguro Social y la Comisión Nacional de Emergencias sobre las condiciones que mediaron en el proceso de la negociación de la compra de vacunas contra el Covid-19.

De acuerdo con la Defensoría de los Habitantes, se solicitó el fundamento legal que ampararía la supuesta declaratoria de confidencialidad que inicialmente se había esbozado como justificante para no informar a la población del precio de la vacuna adquirida a la empresa Pfizer.

Otro punto importante es no solo conocer el monto individualizado por el producto según el oferente, sino también individualizar las compañías farmacéuticas con las cuales se mantiene acuerdo de proveer la vacuna y los recursos económicos que se han cancelado a la fecha.

Adicionalmente se requirió conocer los aspectos que se valoraron para designar al proveedor del producto así como los resultados que derivaron en la convalidación técnica, médico y administrativo. También saber en qué cantidades y ante qué proveedor farmacéutico se han establecido convenios para la venta y adquisición de vacunas contra el covid-19 y señalar las fechas tentativas en que se haría efectiva la entrega del producto.

Otro punto adicional de la solicitud enviada tiene relación en conocer la lista completa de funcionarios(as) que mantuvieron la negociación con la empresa Pfizer, así como con las otras corporaciones farmacéuticas en el caso de la vacuna para la atención del covid-19.