Defensoría de los Habitantes pide a Concejo Municipal de Matina investigar a Wálter Céspedes


La Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo Sancho, instó al Concejo Municipal de Matina valorar la apertura de una investigación disciplinaria sobre las manifestaciones efectuadas por el Alcalde, Walter Céspedes Salazar,  independientemente de las investigaciones que puedan efectuarse desde el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) o el Ministerio Público. 

La investigación solicitada es con respecto a la conversación sostenida entre Céspedes y el gerente de MECO, Abel González, en la que el alcalde de Matina manifiesta que «ahí le tiene una indígena» a González.

«Las manifestaciones del Alcalde no deben ser invisibilizadas, como muchas veces se invisibilizan y callan las voces de las mujeres víctimas de violencia y discriminación y, en ese sentido, el Concejo Municipal no puede actuar de manera indiferente y omitir su deber de investigación, prevención y sanción de cualquier forma de violencia perpetrada por las personas funcionarias públicas que conforman la Municipalidad» expresaron desde la Defensoría de los Habitantes mediante un comunicado. 

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La semana anterior, el Concejo Municipal de Matina aprobó una moción de respaldo al alcalde Céspedes, luego de que la Asamblea Legislativa pidiera, también mediante una moción, la renuncia a su puesto.

“En el caso de las mujeres indígenas, el país mantiene una deuda histórica que requiere de acciones concretas para prevenir la explotación sexual y laboral, revertir su exclusión en materia de participación social y política, y garantizar el ejercicio pleno de todos sus derechos en igualdad de condiciones y oportunidades. Para ello se requiere de respuestas tanto normativas y jurídicas, como de transparencia y rendición de cuentas”, manifestó la Defensora de los Habitantes, en el oficio enviado al Concejo Municipal de Matina. 

Crespo Sancho agrego que “El Estado costarricense se ha comprometido a garantizar y proteger los derechos de las y los habitantes del país; y todas las personas funcionarias públicas, sin excepción, deben ejercer sus labores en el marco del deber de probidad, y el respeto a la dignidad humana”. 

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