En una audiencia realizada ante el Juzgado Penal de Bribrí, un hombre identificado como Torres Castillo, aceptó los cargos de los que era acusado. Los delitos imputados incluyeron homicidio, tentativa de homicidio, penalidad del corruptor, resistencia agravada, lesiones leves, amenazas a funcionario público y portación ilícita de arma permitida.

El proceso judicial se llevó a cabo bajo la modalidad de un procedimiento especial abreviado, en el cual el imputado evitó la etapa de juicio. Durante la audiencia preliminar, el Juzgado Penal dictó una sentencia condenatoria de 25 años y cuatro meses de prisión. Sin embargo, la resolución debe ser homologada por el Tribunal Penal para que sea definitiva.

Los hechos que llevaron a la acusación ocurrieron en dos momentos diferentes. El primero de ellos se registró el 1 de marzo del 2022 en Cahuita, Talamanca, cuando un grupo de oficiales realizaba un operativo de control vehicular. En ese momento, los funcionarios solicitaron al imputado, que se encontraba a bordo de una motocicleta sin casco ni chaleco, que se detuviera.

Durante la identificación, uno de los oficiales notó que Torres llevaba un arma blanca, momento en el cual este intentó sobornar a los policías para evitar ser detenido. Ante la negativa de los oficiales, el acusado reaccionó violentamente golpeando a uno de ellos en la nariz y amenazando de muerte al grupo.

El segundo hecho se produjo el 1 de septiembre en Sixaola, cuando dos hombres caminaban por la vía pública. En esta ocasión, el imputado admitió que extrajo un arma de fuego y disparó contra los hombres, alcanzando a Jesmar Ortiz Rojas en la cabeza, pelvis, tórax y pierna derecha.

Trágicamente, como resultado del ataque, Ortiz perdió la vida en el lugar, mientras que el otro individuo logró escapar ileso de la agresión perpetrada por Torres.

Desde el inicio del proceso judicial, el acusado ha permanecido en prisión preventiva, y seguirá bajo esta condición hasta que se ratifique la sentencia dictada por el Juzgado Penal.

El caso ahora espera la confirmación del Tribunal Penal para que la resolución sea definitiva y se haga efectiva la pena impuesta al responsable de los delitos señalados.