Tras denuncia contra Rocío Aguilar, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) realizó un allanamiento en las oficinas del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF), ubicadas en el Banco Central de Costa Rica (BCCR). Esta operación tiene como objetivo la búsqueda de pruebas cruciales que puedan ser utilizadas como evidencia en el marco de la causa 23-000107-1218-PE, en la que se están investigando acusaciones de incumplimiento de deberes, tráfico de influencias e influencia en contra de la Hacienda Pública.

La investigación se centra en un acuerdo confidencial tomado por los miembros del CONASSIF en una sesión celebrada el 15 de agosto, en la que presuntamente se habría decidido emitir una moción de censura contra el BCCR y exigir al presidente ejecutivo de la entidad que retirara una denuncia presentada contra la jerarca de la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), Rocío Aguilar Montoya. La sesión en cuestión y el acuerdo en sí mismo se mantuvieron en total confidencialidad por parte de los miembros de CONASSIF.

Denuncia contra Rocío Aguilar

En el expediente de la causa, se identifica a la jerarca como imputada. La denuncia contra Rocío Aguilar fue presentada por el BCCR contra la superintendenta, alegando que esta se negó a proporcionar información solicitada por el Banco en relación con datos crediticios estadísticos. Aguilar Montoya habría argumentado que esta información era sensible, a pesar de que la SUGEF no tiene autorización para recopilar datos de esta naturaleza, un hecho respaldado incluso por la Sala Constitucional.

La investigación en curso también busca determinar si los miembros del Consejo Directivo del CONASSIF han participado en actividades ilícitas en relación con este asunto.