La DefensorÃa de los Habitantes presentó ante el Ministerio de Salud una serie de observaciones sobre la reforma propuesta al Reglamento para la Calidad del Agua Potable. En particular, la institución comparte la preocupación de diversas organizaciones ante los cambios en los valores máximos admisibles de residuos de plaguicidas y su impacto en la salud pública.
Según la DefensorÃa, la reforma implica un incremento en los lÃmites permitidos para estas sustancias, lo que representa una flexibilización de los estándares actuales y contradice el principio de no regresión de los derechos humanos.
Uno de los aspectos más alarmantes es la sustitución del concepto de «Valor Máximo Admisible» por «Valor de Alerta». Esto permitirÃa la distribución de agua contaminada hasta que se realicen nuevos análisis de riesgo para establecer parámetros definitivos, lo que podrÃa retrasar la adopción de medidas preventivas.
La institución también advierte sobre la limitada capacidad técnica del Laboratorio Nacional de Aguas del AyA, el cual no cuenta con los recursos necesarios para evaluar oportunamente los análisis quÃmicos de las fuentes de agua locales. Esto podrÃa exponer a comunidades enteras a consumir agua contaminada durante semanas o meses. Además, señala que muchos operadores de acueductos carecen de los conocimientos y herramientas para enfrentar posibles episodios de contaminación.
La DefensorÃa sostiene que esta reforma contradice los principios de progresividad y no regresión reconocidos tanto en el derecho nacional como internacional. En particular, menciona resoluciones de la Sala Constitucional, como la 26300-2024 y la 017950-2017, que enfatizan la necesidad de establecer parámetros estrictos y medidas preventivas para garantizar el derecho a la salud y a un ambiente sano.
Ante esta situación, la DefensorÃa de los Habitantes solicitó al Ministerio de Salud informar sobre el estado actual del trámite de la reforma reglamentaria, asà como detallar si se han incorporado las observaciones recibidas en el proceso de consulta. En caso contrario, pidió una justificación sobre su exclusión. Asimismo, instó a la institución a señalar las acciones que se tomarán para garantizar la transparencia en este proceso.
