La Defensoría de los Habitantes solicitó este jueves al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) informes precisos sobre la sostenibilidad y eventual revisión del beneficio tarifario de autobús para las personas adultas mayores. La gestión surge luego de que trascendiera en actas del Consejo de Transporte Público (CTP) que se estaría evaluando el esquema de exoneraciones, las cuales representaron cerca de ₡14.000 millones en pasajes no cobrados durante el 2025.
El órgano contralor fundamentó su intervención en el marco de sus competencias de defensa de los derechos e intereses de los habitantes, al destacar que el transporte público colectivo resulta clave para la movilidad, autonomía y acceso a servicios esenciales de la población adulta mayor en el país.
La alerta institucional se encendió tras conocerse informaciones difundidas en medios de comunicación que citan actas del CTP. En dichos documentos se indica que el MOPT estaría analizando la sostenibilidad financiera del beneficio y la búsqueda de fuentes alternativas de financiamiento. Ante este escenario, la Defensoría solicitó aclarar si los estudios se limitan únicamente al financiamiento o si contemplan modificar las condiciones de acceso, porcentajes de exoneración o distancias vigentes.
Entre los requerimientos dirigidos al MOPT, la entidad pidió especificar los criterios técnicos, financieros y jurídicos utilizados, así como el grado de incorporación de las obligaciones estipuladas en la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor (Ley N.° 7935). Asimismo, consultó si existe un análisis del impacto socioeconómico en personas en vulnerabilidad o zonas rurales, el cronograma previsto para la adopción de medidas y si se incluirá en la discusión a las organizaciones defensoras de este grupo poblacional.
Por su parte, la consulta enviada a la ARESEP buscaba determinar el alcance de su intervención y si la entidad reguladora disponía de informes sobre el impacto tarifario de un eventual cambio en el mecanismo.
Hasta este miércoles, la ARESEP fue la única institución en responder. Por medio de la Intendencia de Transporte, el ente regulador indicó que no tenía conocimiento sobre análisis realizados por el MOPT o el CTP al respecto, por lo que no ha participado en dicho proceso en caso de ejecutarse.
No obstante, la ARESEP precisó que ejerce como contraparte técnica en Costa Rica de una cooperación internacional con el Programa de Sociedades Inclusivas de la Unión Europea, en el marco de la iniciativa Global Gateway. Este proyecto procura asentar los cimientos para el diseño de medidas de tarificación progresiva en el transporte público, considerando la exoneración tarifaria a las personas adultas mayores.
La ARESEP aclaró que, si bien la sostenibilidad financiera del transporte requiere reformas legales y políticas públicas que competen al Poder Ejecutivo, los insumos de esta cooperación serán clave para la discusión nacional y el mantenimiento de la continuidad del servicio regulado.
La Defensoría enfatizó que cualquier valoración respecto a este beneficio debe sustentarse en rigor técnico y jurídico, respetando el enfoque de derechos humanos y garantizando que no se afecte la movilidad ni la calidad de vida de los adultos mayores.