Estudio técnico despedaza viabilidad de ruta alterna a Oreamuno

Una ruta alterna a Oreamuno de Cartago desde Guápiles sería inviable. De acuerdo con un estudio denominado “Consideraciones técnicas sobre proyecto de conexión terrestre entre los cantones de Pococí y Oreamuno” preparado por los ingenieros Josue Quesada Campos y Alexander Cerdas Hernández  del Programa de Infraestructura del Transporte (PITRA) que es patrocinado por el Convenio Lanamme-Universidad de Costa Rica, UCR, se determinó la inviabilidad de la denominada ruta alterna a Oreamuno de Cartago, desde Pococí.

Desafíos Técnicos en la Ruta Propuesta

Para los especialistas dicho corredor cuenta con pendientes considerables y curvaturas que impedirían el paso de vehículos pesados de carga (articulados), por lo que su funcionalidad sería limitada y no podría considerarse una alternativa de ruta sustitutiva de las Rutas Nacionales 32  y 10 (ruta por Turrialba).

Especificaron que las pendientes serían de hasta 15% con lo cual las velocidades de operación y capacidad final de la vía serían bajas, ya que solo podrían transitar vehículos livianos y de carga limitada (camiones pequeños tipo C3 como máximo).

Impacto Ambiental y Legal de la ruta alterna a Oreamuno

Pero el mayor inconveniente detectado consiste en que el corredor vial planteado atraviesa la Zona de Protección de la Cordillera Volcánica Central, la cual es una zona protegida bajo la legislación de Parques Nacionales. Esa condición, a criterio de los profesionales,  impide la realización de cualquier trabajo y hace el proyecto inviable, al menos hasta que dicha legislación cambie.

“Existen múltiples criterios de varias instituciones del Estado que han señalado esta condición, con lo cual el criterio de este laboratorio es apoyar esta condición de inviabilidad para el proyecto”, afirmaron.

Vulnerabilidades y Riesgos Naturales

También fueron críticos en que la ubicación del corredor planteado genera una serie de vulnerabilidades al mismo, principalmente por la cercanía con los volcanes Irazú y Turrialba, lo que a su juicio convierte a esa zona en un terreno inestable, sujeto a posibles depósitos de materiales volcánicos y sismicidad activa.

Por otra parte concluyeron que los regímenes de lluvias en la región montaños por la que pasaría eventualmente una ruta alterna a Oreamuno facilitarían la ocurrencia de deslizamientos e inundaciones.

Otro de los obstáculos es el financiero. Aunque el trayecto que seguiría esa obra corresponde a la red vial cantonal y por lo tanto debe ser financiado por el municipios de Pococí y Oreamuno, el estudio estima que los posibles costos de construcción de un proyecto de este tipo ascendería a los $100.000.000 (cien millones de dólares), aún sin considerar costos de construcción de puentes, expropiaciones y otros elementos fundamentales.

Obstáculos Financieros y de Infraestructura

Agregaron que aparte de la construcción de esta sección de 14.3km de longitud, también sería necesario invertir en las rutas de acceso para lograr desarrollar la ruta alterna a Oreamuno. En el caso del sector de Bellavista de Guápiles se tiene una zona preponderantemente plana y de fácil acceso pero en el caso de San Gerardo Norte el camino actual de acceso es de pendientes considerables y curvaturas cerradas. Esto implicaría una inversión considerable adicional para dar conectividad a este corredor propuesto.

Perspectivas Futuras y Requisitos

Aunque el estudio reconoce posibles beneficios para las poblaciones cercanas a nivel comercial y turístico, además de que los tiempos de viaje podrían reducirse para quienes viajen entre ambas regiones, es enfático en que  el costo elevado, las implicaciones a nivel ambiental, las vulnerabilidades existentes y las restricciones legales hacen que de momento el proyecto no sea viable.

Finalmente, los técnicos de Lanamme-UCR, consideraron que de continuarse con el proyecto de establecer esa vía de comunicación se requiere de una iniciativa a nivel país para modificar las leyes que impiden ejecutar trabajos constructivos en esa región. Además, buscar el financiamiento para ejecutarlos, ya que no está al alcance de las municipalidades.