A partir de este miércoles 26 de marzo, las personas privadas de libertad en Costa Rica no podrán portar ni usar dinero en efectivo dentro de los centros penitenciarios, según lo estipula la circular DGAS 01-03-25 emitida por la Dirección General de Adaptación Social del Ministerio de Justicia y Paz.
Según el Ministerio de Justicia, esta medida busca frenar el tráfico de drogas, las extorsiones y otros negocios ilícitos dentro de las prisiones. De acuerdo con esta institución, también contribuirá a garantizar una gestión financiera legal y transparente.
Sistema de control financiero en cárceles
Para reemplazar el uso de dinero en efectivo, el gobierno trabaja en un sistema de pagos con trazabilidad. Actualmente, se están llevando a cabo reuniones con entidades bancarias estatales para definir el proceso mediante el cual las personas privadas de libertad podrán acceder a cuentas bancarias. En paralelo, se elaboran los instrumentos normativos necesarios para implementar este nuevo sistema.
Como parte de la circular, se establece el decomiso inmediato de cualquier cantidad de dinero en efectivo que porten los reclusos. No obstante, se les otorga un plazo de cinco días hábiles para entregar a familiares o personas de confianza el dinero que ya tengan en su poder.
Escáner corporal detecta contrabando en La Reforma
El pasado sábado 22 de marzo, entró en funcionamiento un escáner corporal (Bodyscanner) en el centro penitenciario Jorge Arturo Montero, conocido como La Reforma. Este equipo fue adquirido gracias a una donación de 113 millones de colones realizada en 2016 por la Embajada de los Estados Unidos. En sus primeros días de operación, el escáner ya ha detectado a cuatro reclusos en posesión de drogas y teléfonos celulares.
Proyecto de ley para reformar el sistema penitenciario
Como parte de las reformas carcelarias, el Gobierno de la República presentó a la Asamblea Legislativa el proyecto de Ley del Sistema Penitenciario Nacional. Esta iniciativa incluye la restricción de beneficios penitenciarios para quienes cometan delitos relacionados con crimen organizado, narcotráfico, homicidios, femicidios y delitos sexuales.
El proyecto también propone que la Dirección General de Adaptación Social sea la única entidad encargada de administrar las cárceles, eliminando la doble administración entre distintos Poderes de la República. Además, el expediente 24.019 plantea otorgar mayor autonomía al Juzgado de Ejecución de la Pena en decisiones administrativas.