La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) abrió una investigación penal contra la alcaldesa de la Municipalidad de Guácimo, Beatriz Mora Valverde, y otros cuatro funcionarios, por la presunta comisión del delito de prevaricato según dio a conocer el medio de comunicación CRHoy este lunes.
De acuerdo con la investigación realizada por ese medio, la causa se inició luego de una denuncia por el supuesto uso de maquinaria pesada, diésel y personal del ayuntamiento en obras de nivelación en propiedades privadas, incluyendo un taller que brinda servicios a la municipalidad, lo que sugiere un conflicto de intereses. Los hechos habrían ocurrido entre mayo de 2024 y marzo de 2025 en Guácimo, y buscan determinar si los funcionarios ordenaron el desvío de recursos públicos para beneficio particular y familiar.
La investigación penal, identificada bajo la causa número 25-000265-1218-PE, busca establecer si la alcaldesa Mora y los funcionarios de apellidos Argüello Morales, Flores Castro, González Calderón y Miranda Soto, utilizaron el erario público para intervenir en propiedades con las que tendrían relación.
Según documentación a la que accedió el medio CRHOY, la denuncia detalla presuntas irregularidades relacionadas con el uso de una retroexcavadora municipal (N.° 109-181), vagonetas y personal durante 72 horas, así como el pago de más de 700 litros de diésel.
Los hechos se habrían concentrado entre mayo de 2024 y marzo de 2025, periodo en que, de acuerdo con la denuncia, el vicealcalde Sivianny Moya Peraza ordenó el uso de la maquinaria pesada para el acarreo de material y nivelación en propiedades privadas.
Detalles del Presunto Desvío de Recursos
El denunciante reportó que se movilizaron hasta 28 vagonetas para el acarreo de material. El combustible utilizado, específicamente diésel municipal, fue sustraído de la estación Delta y transportado en pichingas utilizando un vehículo oficial, según el reporte.
Las obras se realizaron en propiedades privadas, entre ellas la nivelación de un terreno en La Guaria de Guácimo (Ruta 248), en la propiedad del “señor Taller de Alberto Mora”. Adicionalmente, se señala otro caso en la comunidad El Bosque de Guácimo vinculado al vicealcalde segundo Félix Ruiz Sánchez.
Según la prueba aportada, el taller de Alberto Mora es el mismo que la administración municipal utiliza para reparar su maquinaria oficial, situación que la denuncia advierte como un supuesto “conflicto de intereses”.
«Las acciones descritas no solo representan una presunta violación de la normativa interna de la Municipalidad de Guácimo, sino que también constituyen una posible infracción a la Ley de la Contraloría General de la República y al Código Penal Costarricense, en particular en lo que respecta a los delitos de peculado y abuso de autoridad», indica la denuncia.
El documento legal enfatiza que el presunto desvío de recursos conlleva un «significativo costo de oportunidad para el cantón, al desviar recursos destinados a obras de interés público para ser utilizadas en propiedades privadas».
Órdenes y Tráfico de Influencias
La denuncia indica que un chofer y trabajador confesó a un supervisor municipal que estaba realizando las labores por “órdenes de Moya”. Además, menciona un «memorándum de la oficina del vicealcalde» que ordenaba el uso de la retroexcavadora y de los trabajadores del Departamento de Servicios Municipales para labores privadas en el taller.
«Esta relación comercial establece un claro y grave conflicto de interés, lo que transforma un presunto desvío de recursos en un caso de aparente tráfico de influencias y uso de la función pública para beneficio personal y familiar», se lee en el documento.
La alcaldesa Mora y los vicealcaldes fueron electos en 2024 bajo la bandera del Partido Justicia Social Costarricense (PJSC), pero en agosto de 2025 anunciaron su adhesión al Partido Pueblo Soberano (PPSO).
Caso Remitido a Auditoría Interna
Las denuncias también fueron remitidas a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Contraloría General de la República (CGR). Ambas instituciones señalaron que el trámite disciplinario y la vigilancia de la gestión corresponden primariamente a la Auditoría Interna de la Municipalidad de Guácimo, amparándose en la Ley General de Control Interno (N.º 8292).
La PGR recordó que la Auditoría Interna debe remitir una «Relación de Hechos» a la autoridad competente para ejercer la potestad disciplinaria, si encuentra elementos probatorios. Por su parte, la CGR recordó que, si se detectan eventuales delitos, deben ser denunciados al Ministerio Público, aunque la causa penal ya fue abierta directamente.
La Auditoría municipal, mediante oficio firmado por la auditora Marleni Myrie el pasado 2 de octubre, comunicó que «esta Auditoría Interna actualmente está atendiendo el análisis del caso mencionado».
Información tomada de CRHoy
