Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvieron la mañana de este miércoles a cuatro hombres en Limón, sospechosos de integrar una banda dedicada al fraude registral. La captura se concretó tras una serie de seis allanamientos simultáneos, donde se logró desarticular al grupo que, presuntamente, estafaba a ciudadanos vendiéndoles propiedades que no les pertenecían mediante engaños en redes sociales.
La investigación, que inició a mediados del presente año, reveló un modus operandi específico utilizado por los ahora detenidos. Según el reporte policial, los sospechosos fotografiaban terrenos desocupados y sin construcciones visibles para luego publicar las imágenes en perfiles falsos de la red social Facebook.
El gancho principal de la estafa consistía en ofertar estos bienes inmuebles a precios sumamente bajos, muy inferiores al valor real de mercado. Esta estrategia atraía rápidamente a las víctimas, quienes contactaban a los supuestos vendedores motivadas por la oportunidad económica que se planteaba en las publicaciones.
Una vez que los interesados mordían el anzuelo, la banda procedía a ejecutar la venta fraudulenta. De acuerdo con la información judicial, los sujetos indicaban a los compradores que la propiedad pertenecía a un tercero y coordinaban una visita ante un notario público. Allí, mediante maniobras ilícitas, simulaban firmar el traspaso de las escrituras, logrando así «venderlos» y apoderarse del dinero de las víctimas.
El operativo policial se desplegó en puntos estratégicos como el centro de Limón, el barrio Santa Eduvigis y el sector de Pacuare. En estas localidades, las autoridades lograron la aprehensión de los sospechosos, identificados con los apellidos Brenes (60 años), Cáseres (34), Brown (34) y Campbell (50).
El OIJ informó que no se descarta la realización de nuevas diligencias policiales, ya que existen otras causas similares en investigación que podrían estar vinculadas con este mismo grupo criminal o involucrar a más personas.
Los cuatro detenidos fueron remitidos al Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica en las próximas horas y se solicitarán las medidas cautelares correspondientes por el delito de fraude registral.
