La Fiscalía Adjunta de Pococí ordenó el pasado fin de semana la detención de un hombre de apellidos Padilla Granados, principal sospechoso del delito de violación calificada en perjuicio de su hijastra de 11 años, quien se encuentra con un embarazo de seis meses. Pese a la gravedad del caso y la solicitud de prisión preventiva por parte del Ministerio Público, el Juzgado Penal rechazó la medida y otorgó la libertad al imputado bajo medidas cautelares alternas, lo que motivó una apelación inmediata de las autoridades judiciales para proteger a la menor.
El caso trascendió la semana anterior cuando la niña ingresó al Hospital de Guápiles. Tras los exámenes médicos, se confirmó el estado de gestación avanzada, lo que activó de inmediato los protocolos de protección y la intervención de la Unidad de Género de la Fiscalía de Pococí bajo el expediente 26-000068-1887-PE.
De acuerdo con el informe oficial, las diligencias preliminares señalan a Padilla Granados como el presunto autor de las agresiones sexuales. El Ministerio Público detalló que los hechos habrían ocurrido presuntamente con el conocimiento y consentimiento de la madre de la menor, situación que forma parte de la investigación en curso.
Sobre la situación jurídica del detenido, el Ministerio Público informó:
“La Fiscalía Adjunta de Pococí informó que el fin de semana ordenó la detención de un hombre de apellidos Padilla Granados, por el presunto delito de violación calificada, en perjuicio de una niña de 11 años, de quien presuntamente era el padrastro”.
A pesar de los argumentos fiscales, la autoridad judicial determinó que el sujeto podrá mantener su libertad mientras se desarrolla el proceso. Según añadió el ente fiscal, el Juzgado impuso medidas como mantener domicilio y trabajo fijo, no molestar ni perturbar a la víctima, no ingresar al barrio donde reside y no acercarse a menos de un kilómetro de la menor, de su vivienda ni de su centro educativo.
La Fiscalía presentó una apelación ante la resolución del Juzgado Penal y se mantiene a la espera de que el Tribunal Penal programe una nueva audiencia. El objetivo de la representación estatal es reiterar la necesidad de la prisión preventiva, considerando el riesgo para la víctima y la gravedad del delito imputado.
Actualmente, los protocolos de protección en favor de la niña de 11 años permanecen activos para garantizar su integridad física y psicológica mientras avanza el proceso judicial en la zona del Caribe.
