La DefensorÃa de los Habitantes solicitó formalmente a la Asamblea Legislativa la revisión del modelo de ajuste por costo de vida para las pensiones del Régimen Transitorio de Reparto y con cargo al Presupuesto Nacional. La gestión, realizada este lunes, busca frenar la vulnerabilidad de 45.000 personas adultas mayores que no reciben aumentos desde hace 5 años debido a la aplicación de la Ley 9635. El ente defensor calificó la situación como una «medida regresiva» que empuja a esta población hacia la pobreza y la indigencia ante el encarecimiento de bienes y servicios básicos.
La problemática tiene su origen en la decisión de congelar los incrementos salariales por costo de vida en acatamiento del artÃculo 11, tÃtulo IV, de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Según el marco legal vigente, los ajustes solo son permitidos cuando el nivel de deuda del paÃs permita ampliar el gasto corriente, una restricción que afecta tanto a servidores activos como a pensionados.
Para la DefensorÃa, la ausencia de estos ajustes conlleva graves consecuencias para la vida de los beneficiarios. «El no ajuste de las pensiones por costo de vida trae graves consecuencias para la vida de las personas pensionadas adultas mayores, quienes se enfrentan a una pérdida progresiva del poder adquisitivo; asà como enfrentarse al impacto de aumentos en bienes y servicios esenciales como la salud, compra de medicamentos, alimentación y, servicios públicos», señaló el órgano defensor.
Pese a que el Ministerio de Hacienda informó, mediante el oficio n.° MH-DM-1594-2025 del 13 de octubre de 2025, que para este año 2026 se realizó una previsión presupuestaria para cubrir un monto de hasta ¢10.000 por concepto de incremento para salarios públicos, la DefensorÃa advirtió que esta medida es insuficiente. El ente aclaró que el incremento no se ha materializado y que persisten las trabas legales que vinculan los ajustes de pensionados a los de los empleados activos.
Ante este panorama, la institución subrayó la necesidad de desvincular estos mecanismos mediante reformas normativas. Al respecto, la DefensorÃa indicó: «El ajuste de las pensiones es un derecho adquirido por parte de los pensionados, y que el mismo debe responder a criterios no abusivos sino proporcionales y razonables».
Actualmente, se encuentra en la corriente legislativa el proyecto de ley 24.353, el cual pretende reconocer el ajuste a cerca de 30.000 personas. Dicha iniciativa ya cuenta con el aval de la Comisión de Asuntos Hacendarios. La DefensorÃa urgió al Plenario Legislativo a priorizar el conocimiento y votación de esta propuesta para «hacer justicia» a los jubilados del Régimen Transitorio de Reparto y aquellos pagados por el Presupuesto Nacional.
