La Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación de la Asamblea Legislativa dictaminó afirmativamente el proyecto de «Ley para el uso responsable de dispositivos electrónicos en centros educativos». La propuesta prohíbe el uso de teléfonos inteligentes y tabletas personales en escuelas y colegios del país, tanto en horas lectivas como en recreos. La medida responde a la obligación del Estado de garantizar la salud física y mental de los menores, fundamentada en la Constitución Política y alertas internacionales sobre los efectos negativos de la distracción digital en el rendimiento académico y la convivencia escolar.
El proyecto de ley establece una regulación estricta para los niveles de preescolar, primaria y secundaria, abarcando tanto al sector público como al privado. Según el texto dictaminado, el objetivo primordial es crear un ambiente de aprendizaje sano y proteger a los estudiantes de riesgos asociados a la sobreexposición tecnológica, como la ansiedad, el ciberacoso y el déficit de atención.
La decisión legislativa se sustenta en datos del informe PISA 2022 de la OCDE, los cuales revelan que el 65% de los estudiantes manifestó distraerse por el uso de dispositivos digitales en clases de matemáticas. En Costa Rica, el panorama es similar: más del 30% de los alumnos admitió distraerse en dicha materia debido a sus propios dispositivos o los de sus compañeros.
Evidencia científica y salud mental
El cuerpo del proyecto cita diversos estudios que vinculan el uso excesivo de pantallas con cambios en la estructura cerebral y pérdida de empatía. Se resalta la investigación del King’s College de Londres, que indica que los jóvenes con uso problemático de smartphones tienen el doble de probabilidades de sufrir ansiedad y el triple de experimentar depresión.
Asimismo, la iniciativa se alinea con las recomendaciones de la Unesco, que en su Informe Global de Monitoreo de la Educación 2023 señaló que ya 79 sistemas educativos a nivel mundial han implementado prohibiciones similares, incluyendo referentes como Finlandia, Países Bajos y Singapur.
Excepciones y aplicación
A pesar de la prohibición general, el Artículo 4 del proyecto de ley contempla tres excepciones específicas en las que el uso de los dispositivos será permitido:
- Situaciones de peligro o fuerza mayor.
- Casos donde los dispositivos sean necesarios para garantizar la accesibilidad educativa.
- Razones médicas o condiciones de salud certificadas.
De ser aprobado en el Plenario, el Ministerio de Educación Pública (MEP) tendrá un plazo de seis meses para emitir el reglamento correspondiente y definir los protocolos de custodia y vigilancia en los centros educativos. La vigilancia del cumplimiento de esta norma recaerá sobre los supervisores de circuito de cada región educativa.