El Gobierno de Costa Rica anunció oficialmente este miércoles el cierre de su embajada en La Habana, Cuba, motivado por la disminución en la protección de los derechos humanos y el progresivo debilitamiento de las condiciones de vida en la isla, según explicaron. El canciller de la República, Arnoldo André Tinoco, confirmó que la decisión implica el cese de funciones diplomáticas, aunque se mantendrá personal consular básico para atender trámites de ciudadanos. La medida, que rige formalmente, fue tomada en conjunto con la presidenta electa, quien, según el presidente Rodrigo Chaves, manifestó su total respaldo a la ruptura del vínculo diplomático de alto nivel.

El presidente de la República fue enfático al señalar que esta decisión responde a una postura ideológica y pragmática frente a la situación del país caribeño. Según el mandatario, la realidad actual de la isla hace insostenible mantener la representación vigente.

«Deben reconocer que el modelo comunista fracasó, como ha fracasado en todo lado», afirmó Chaves, al justificar el repliegue de la misión oficial en territorio cubano.

Por su parte, el canciller Arnoldo André explicó que, más allá de la coyuntura política, existen barreras logísticas infranqueables. El jerarca detalló que se ha vuelto «imposible» contratar personal diplomático que pueda ejercer sus funciones adecuadamente en La Habana debido a las limitaciones del entorno. De hecho, el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que desde el pasado 5 de febrero no existe presencia de diplomáticos costarricenses en suelo cubano.

Reciprocidad en el retiro de delegaciones

Como parte de esta directriz, el Gobierno de Costa Rica solicitó formalmente a la Cancillería de Cuba el retiro de todo su personal diplomático acreditado en San José, con excepción de los funcionarios consulares.

Este movimiento busca reducir la relación bilateral a su mínima expresión operativa, enfocándose exclusivamente en servicios de asistencia para trámites migratorios o de registro.

Consenso con el próximo gobierno

La decisión no solo representa la postura de la administración actual, sino que marca la hoja de ruta de la política exterior para el próximo cuatrienio. La presidenta electa participó activamente en el análisis de esta medida, asegurando una transición alineada en cuanto a la lectura de la crisis democrática que atraviesa Cuba.

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