La presidenta de la República, Laura Fernández, anunció este lunes la presentación de un paquete de seis proyectos de ley orientados a realizar reformas en el sistema penal, la seguridad ciudadana y la administración de justicia del país
Dentro del conjunto de iniciativas destaca un proyecto de reforma constitucional al artículo 32 para ampliar la gama de delitos por los cuales un ciudadano costarricense podría ser extraditado. Asimismo, la propuesta ejecutiva contempla eliminar trámites en los procesos penales, endurecer las penas contra la minería ilegal y sustituir el apremio corporal por monitoreo electrónico en casos de pensiones alimentarias.
Cambios en el proceso penal y extradición
La primera iniciativa planteada consiste en una reforma al Código Procesal Penal para eliminar la audiencia preliminar y concentrar el control de la acusación en una única audiencia previa al juicio, con el fin de reducir los tiempos procesales del Poder Judicial.
Por otro lado, el Poder Ejecutivo introducirá el próximo 3 de agosto una propuesta de reforma constitucional para ampliar la lista de delitos susceptibles de extradición en costarricenses. La medida abarcaría el tráfico internacional de drogas, terrorismo, legitimación de capitales, sicariato, cibercrimen y trata de personas.
Al respecto, la mandataria Laura Fernández señaló durante su intervención:
«Esta iniciativa reafirma el compromiso del país con una política de seguridad firme, con el fortalecimiento del Estado de derecho y la cooperación internacional en la persecución del crimen organizado. Por eso estamos proponiendo incorporar mecanismos excepcionales, reitero, excepcionales para delitos de la más alta gravedad.»
La mandataria aclaró que la extradición no operará de manera automática ni generalizada, sino como una medida excepcional sujeta a una resolución firme de los tribunales de justicia del país y bajo el principio de doble incriminación.
Sanciones a la minería ilegal y cambio en pensiones alimentarias
El paquete legislativo incluye además un proyecto para elevar las penas contra la explotación minera no autorizada en áreas protegidas, pasando de las sanciones actuales de 3 meses a 5 años, a penas que oscilarán entre los 6 y 10 años de prisión. La medida busca frenar la reincidencia de actividades ilícitas en zonas como Crucitas.
En materia de derecho de familia, la Presidencia impulsa el uso de tobilleras electrónicas para los deudores de pensión alimentaria, en lugar de enviarlos a prisión mediante apremio corporal. El objetivo es permitir que las personas involucradas mantengan la movilidad necesaria para conseguir empleo y cumplir con sus obligaciones económicas.
Finalmente, el Gobierno presentó una propuesta para reestructurar la escala jerárquica y los rangos de los cuerpos policiales del país, homologando las nomenclaturas locales con los estándares internacionales de seguridad. Un séptimo proyecto relativo a la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) fue retirado para ser incorporado en un próximo paquete de reformas.