En una declaración oficial transmitida desde la Presidencia de la República este viernes 31 de julio de 2026, la ministra de la Presidencia, Laura Fernández Delgado, junto a representantes de la bancada oficialista, anunció la presentación de una querella por el presunto delito de prevaricato contra cuatro magistrados de la Sala Constitucional de Costa Rica.
La controversia surge tras la resolución de la Sala IV que prorrogó el nombramiento de magistrados suplentes, cuyos periodos habían vencido el 16 de diciembre de 2025. Según lo manifestado por los voceros en la alocución oficial
Las acciones legales van dirigidas contra los magistrados Fernando Cruz Castro, Paul Rueda Leal, Anamari Garro, Ingrid Hess Herrera y Jorge Araya García
Fernández argumentó la vulneración de los artículos 9, 11, 121 (incisos 3 y 20), 154, 157, 158 y 164 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, sosteniendo que la competencia exclusiva para nombrar y destituir magistrados recae en la Asamblea Legislativa.
Sala IV prorrogó nombramiento de magistrados suplentes
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (Sala IV) prorrogó de forma provisional el nombramiento de las magistraturas suplentes cuyos periodos vencieron el pasado 16 de diciembre de 2025. La medida busca garantizar el funcionamiento del tribunal mientras la Asamblea Legislativa realiza la elección formal de las nueve personas incluidas en la nómina remitida por la Corte Plena. El fallo se adoptó tras declarar con lugar un recurso de amparo interpuesto por un ciudadano afectado por el entrabamiento procesal provocado por la falta de suplencias disponibles.
La decisión de la Sala IV responde a la imposibilidad de integrar el tribunal para resolver casos donde existen inhibitorias o recusaciones de los magistrados propietarios. Según datos con corte al 14 de julio, un total de 123 expedientes se encontraban totalmente paralizados debido a la ausencia de miembros suplentes juramentados que pudiesen sustituir a los titulares inhibidos.
El recurso de amparo fue presentado por un ciudadano que alegó la vulneración de sus derechos fundamentales, al no poder resolverse diversos expedientes en los que figura como parte amparada por la falta de cuórum legal en el alto tribunal.
Anulación de acuerdos legislativos
Mediante la resolución 2026-13498, correspondiente al expediente 26-13498-0007-CO, los magistrados dejaron sin efecto de manera categórica todos los acuerdos tomados por el Poder Legislativo que pretendían devolver la lista de candidatos y solicitar una nueva nómina a la Corte Suprema de Justicia.