Un informe técnico de pre-factibilidad elaborado por el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica (LanammeUCR) publicado en el año 2017, concluyó que la construcción de una ruta vehicular que conecte directamente los cantones de Oreamuno y Pococí resulta inviable. El estudio detalló que el proyecto enfrenta serios impedimentos de carácter legal, ambiental y de vulnerabilidad física, sumado a una estimación inicial de costo proyectada en ese momento en 100 millones de dólares, para un tramo de 14,3 kilómetros; cifra que no abarca obras clave como la edificación de puentes ni expropiaciones.
Limitaciones técnicas y prohibición por ley
El trazado analizado por la Unidad de Gestión Municipal del LanammeUCR proponía un corredor vial entre Bellavista de Guápiles y San Gerardo Norte de Oreamuno. Sin embargo, la trayectoria atraviesa la Reserva Forestal Cordillera Volcánica Central y colinda con el Parque Nacional Volcán Irazú. La Ley de Parques Nacionales N° 6084 prohíbe explícitamente la construcción de carreteras dentro de estas áreas de conservación, marco legal que motivó previamente investigaciones de la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental y pronunciamientos en contra de instituciones como el MOPT, el SINAC y la CNE.
En el apartado técnico, la geografía montañosa impone pendientes longitudinales de hasta un 15%, lo que exigiría excavar un volumen masivo de 15 millones de metros cúbicos de tierra en corte. Debido a estas inclinaciones extremas, la carretera no funcionaría como una vía alterna para el transporte pesado o tráileres articulados (T3-S3), limitándose únicamente a vehículos livianos y camiones pequeños (C3) en un trazado de montaña con superficie en lastre.

Alta vulnerabilidad por sismos, lluvias y actividad volcánica
A las limitaciones de infraestructura se añaden amenazas naturales. La zona del corredor vial se ubica entre los volcanes Irazú y Turrialba, en una franja susceptible a erupciones y caída de ceniza, con presencia de fallas locales activas y alta sismicidad. Adicionalmente, el área registra precipitaciones anuales acumuladas de entre 4.000 mm y 5.000 mm, factor que sobre suelos poco estables incrementa exponencialmente el riesgo de deslizamientos y la dificultad para el manejo de aguas pluviales.
«Existen posibles beneficios para las poblaciones cercanas a nivel comercial y turístico, además los tiempos de viaje podrían reducirse para quienes viajen entre ambas regiones; sin embargo, el costo elevado, las implicaciones a nivel ambiental, las vulnerabilidades existentes y las restricciones legales hacen que de momento el proyecto no sea viable», concluyeron los ingenieros Josué Quesada Campos y Alexander Cerdas Hernández en el informe técnico LM-PI-GM-INF-03-17.
Para que una iniciativa de esta índole continúe en el futuro, los expertos señalaron que el primer paso correspondería a impulsar una reforma legal de rango nacional que permita intervenir la zona protegida, además de la gestión de financiamiento externo o estatal y la ejecución posterior de estudios topográficos y geológicos definitivos en sitio.
Consulte aquí el informe de LannameUCR
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