La Contraloría General de la República (CGR) ordenó este 11 de septiembre de 2026 al Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) implementar medidas inmediatas para corregir graves problemas de seguridad vial, gobernanza y planificación en el proyecto de ampliación de la ruta nacional 32, en el tramo entre el cruce de Sarapiquí y Limón. La disposición surge tras una investigación motivada por denuncia ciudadana que detectó cómo la sustitución de pasos superiores e intercambios por rotondas y giros temporales generó riesgos operativos, sobrecostos por más de $1,4 millones y severas deficiencias en el resguardo de la información.
La fiscalización de la CGR sobre las adendas n.° 7 y n.° 8 del contrato del Proyecto RN 32 determinó un insuficiente direccionamiento estratégico por parte de las autoridades viales. De acuerdo con el ente contralor, el CONAVI procedió a reemplazar pasos superiores viales, intercambios y retornos previstos en el diseño original por obras temporales como rotondas y giros a nivel, sin que el Consejo de Administración fijara de forma oportuna la temporalidad de dichas estructuras ni priorizara el paso hacia las obras definitivas.
Uno de los hallazgos más críticos, según la información proporcionada por la Contraloría, se ubica en el componente de seguridad vial y movilidad segura. Pese a que la ruta 32 integra la Red Vial Estratégica y soporta el tránsito de transporte pesado hacia los puertos del Caribe, se diseñaron siete rotondas utilizando un vehículo de diseño de menor longitud (16,8 metros) al requerido para ese tipo de corredor (22,4 metros). Esta falla geométrica puso en riesgo la seguridad de los usuarios y obligó a efectuar pagos adicionales superiores a los $1,4 millones para corregir las deficiencias, monto que se suma a los $5,4 millones invertidos en la construcción inicial de seis rotondas.
Adicionalmente, el informe de la CGR expuso deficiencias en la gestión documental y en la toma de decisiones. Se constataron actuaciones contractuales, operativas y de expropiación,como el desistimiento y posterior reactivación de expedientes de terrenos, sin el debido sustento técnico. A esto se suma un resguardo deficiente del expediente del proyecto, agravado por el secuestro de información realizado por el Ministerio Público durante sus investigaciones a la empresa supervisora.
Ante este panorama, la Contraloría dictó una serie de mandatos de acatamiento obligatorio para el CONAVI:
- Establecer una estructura de gobernanza para el proyecto y definir una hoja de ruta que permita priorizar, planificar y ejecutar la transición hacia las soluciones definitivas de la vía, garantizando la operatividad y la seguridad vial.
- Elaborar un inventario actualizado sobre el estado de las expropiaciones. El informe deberá especificar los terrenos requeridos para las obras definitivas y remitir al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) la lista de fincas que no se utilizarán, a fin de determinar su uso, custodia y destino.
- Implementar medidas de fundamentación técnica en la toma de decisiones futuras y asegurar que la totalidad de la información y documentación del expediente esté custodiada y disponible
«No se omite señalar que el artículo 69 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, N.° 7428, establece que cuando en el ejercicio de sus potestades haya cursado órdenes a los sujetos pasivos y estas no se hayan cumplido injustificadamente, las reiterará por una sola vez y fijará un plazo para su cumplimiento; pero de mantenerse la desobediencia, una vez agotado el plazo, se tendrá como falta grave y dará lugar a la suspensión o a la destitución del funcionario o empleado infractor, según lo determine la Contraloría General» reza el oficio enitido por esta institución.