La Corte Plena, integrada por los 22 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, aprobó el lunes 17 de marzo una iniciativa de reforma al Código Procesal Penal. El proyecto, presentado por la Sala de Casación Penal (Sala Tercera), tiene como objetivo hacer más eficientes y expeditos los procesos penales en el país, garantizando mayor protección a las víctimas y reduciendo la impunidad.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, destacó la importancia de la reforma para fortalecer la seguridad y la justicia. “En el Poder Judicial estamos comprometidos con la seguridad y la justicia. No nos quedamos en discursos ni en repartir culpas. Estamos tomando decisiones concretas para agilizar los procesos y combatir la impunidad”, afirmó Aguirre.
El proyecto será enviado a la Asamblea Legislativa para su discusión y eventual aprobación. Entre los principales cambios propuestos se incluyen:
- Declaración en rebeldía de imputados que no se presenten a la audiencia preliminar sin justificación.
- Juicios en delitos con penas de hasta 10 años podrán ser llevados por un solo juez, permitiendo una mayor cantidad de procesos en menor tiempo.
- Eliminación de la práctica de posponer audiencias por «agenda llena» de la defensa privada. Si el abogado no puede asistir, el imputado tendrá cinco días para nombrar a otro o se le asignará un defensor público.
- Establecimiento de la audiencia preliminar como el último momento procesal para acceder a soluciones alternas o procedimientos abreviados, haciendo obligatoria la asistencia del imputado y la convocatoria de la víctima.
Además, la reforma contempla la especialización de tribunales para atender delitos de alta complejidad y crimen organizado, con el fin de optimizar la administración de justicia. También se establecen plazos más cortos para audiencias y resoluciones, evitando dilaciones innecesarias en los procesos.