La Defensoría de los Habitantes solicitó formalmente a la Sala Constitucional que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realice una validación técnica independiente del informe final del MINAE sobre la delimitación de áreas boscosas en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo (REGAMA). La petición, presentada surge tras detectarse «dudas razonables» sobre la metodología empleada por el Ministerio de Ambiente y Energía para cumplir con la resolución de la Sala del pasado 7 de marzo de 2025. La Defensoría busca garantizar que la cartografía estatal no ignore ecosistemas degradados o bosques anegados que legalmente deben ser protegidos, de acuerdo con un comunicado de prensa emitido por la institución.
El ente defensor revisó el documento emitido por el Ministerio en cumplimiento de los mandatos de los años 2019 y 2024. Si bien reconoció que el MINAE atendió lo ordenado en términos generales, la institución cuestionó que la delimitación partiera de la cobertura forestal existente en 2025. Según la Defensoría, este enfoque podría «legitimar pérdidas ambientales ocurridas durante la vigencia de la Ley 9223», la cual fue declarada inconstitucional anteriormente.
Un punto crítico señalado en el análisis es la posible vulneración de principios internacionales. «Este enfoque contraviene principios ambientales como la irreductibilidad del bosque, la no regresividad ambiental y la recomposición ambiental, que obligan al Estado a restaurar y proteger áreas degradadas, y no a excluirlas del régimen de tutela», señaló la Defensoría de los Habitantes.
Asimismo, el órgano contralor advirtió sobre la falta de especificidad en la protección de los humedales. Aunque el informe ministerial reconoce cuerpos de agua, no asegura de forma expresa que el bosque anegado haya sido cartografiado como un ecosistema particular. «La omisión de referencias a estudios especializados en humedal y bosque anegado sugiere que este componente requiere atención particular y complementaria», añade el análisis técnico de la Defensoría.
Finalmente, la institución rechazó la «validación» que el MINAE presentó originalmente a través de FONAFIFO, argumentando que este último es un órgano adscrito al mismo ministerio y carece de independencia técnica. Ante esto, propuso que sea la sección de Biología Forense del Departamento de Ciencias Forenses del OIJ la encargada de la pericia definitiva.
«Para que los bienes jurídicos en juego sean efectivamente resguardados, con miras a la correcta protección del derecho de los habitantes a un ambiente sano, es necesario que este Tribunal disponga de una evaluación técnica de validación de lo realizado por el MINAE, que sea efectuada por un ente técnico totalmente independiente, imparcial, externo y ajeno al proceso que nos ocupa», afirmó la Defensoría.
