La Contraloría General de la República (CGR) ordenó al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) cesar de inmediato la utilización de alianzas con empresas privadas para ejecutar contratos directos suscritos con entes públicos. El ente contralor determinó este martes 28 de julio de 2026 que diez instituciones del Estado evadieron los procesos ordinarios de licitación pública mediante el uso ilegítimo de la excepción de contratación entre entes de derecho público. La investigación comprobó que el ICE transfirió la ejecución sustancial de los servicios —como desarrollo técnico, hardware, software y mantenimiento— a socios privados, reduciendo la participación de la entidad estatal a una mera intermediación comercial y administrativa.
El informe de fiscalización emitido por la CGR señala que la excepción legal para la contratación directa entre instituciones públicas solo es válida si la entidad estatal contratada ejecuta la prestación esencial del servicio por sí misma. Sin embargo, el órgano fiscalizador evidenció que el ICE utilizó acuerdos comerciales con terceros para suplir los requerimientos contractuales asumidos con el sector público, trasladando la ejecución técnica y los beneficios financieros a firmas privadas mientras el Instituto asumía riesgos financieros innecesarios.
Entre las entidades involucradas en estas contrataciones figuran la Asamblea Legislativa, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), el Instituto Nacional de Seguros (INS), el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), el Ministerio de Hacienda, la Municipalidad de Upala y el Museo de Arte Costarricense (MAC).
Ante los hallazgos, la Contraloría emitió órdenes vinculantes dirigidas tanto al Consejo Directivo del ICE como a los jerarcas de las diez instituciones contratantes para corregir las distorsiones operativas y proteger el patrimonio público.
A la alta gerencia del ICE se le ordenó garantizar que a futuro ejecutará por sí misma la prestación sustancial de cada contrato directo que asuma con el Estado. Asimismo, la institución deberá limitar la subcontratación de terceros únicamente a cuestiones especializadas o accesorias, debiendo canalizar dichas compras mediante los procedimientos ordinarios regulados por la Ley General de Contratación Pública.
El ente contralor exigió también la implementación de un sistema de control y gobernanza que garantice que los convenios comerciales respeten la naturaleza jurídica de las alianzas estratégicas, integren la ejecución técnica con la financiera e incorporen protocolos preventivos vinculantes contra riesgos de corrupción. De igual forma, los gerentes de Telecomunicaciones y de Finanzas del ICE deberán realizar un estudio técnico y financiero integral de todas las alianzas vigentes para aplicar las medidas correctivas que correspondan.
Por su parte, las diez instituciones públicas involucradas deberán establecer controles internos para verificar la idoneidad técnica y legal de las entidades estatales antes de recurrir a la excepción de contratación directa. Además, la CGR les encomendó formular planes de transición administrativa que garanticen la continuidad de los servicios brindados a la ciudadanía mientras se aplican las correcciones legales pertinentes.